Asamblea Legislativa aprueba ley que endurece penas contra el sicariato y el crimen organizado
La Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en segundo debate, una reforma al Código Penal que fortalece el marco legal contra el sicariato y el crimen organizado, al establecer penas de hasta 40 años de prisión para quienes asesinen por encargo como parte de estructuras criminales.
La iniciativa, impulsada por el diputado David Segura, de la fracción del partido Nueva República, introduce por primera vez en la legislación costarricense la figura del sicariato como un delito autónomo, diferenciándolo del homicidio calificado y reconociendo su gravedad específica dentro del contexto del crimen organizado.
Hasta 40 años de prisión por sicariato
La reforma modifica el artículo 112 bis del Código Penal, estableciendo penas que oscilan entre 25 y 40 años de cárcel para quienes, actuando individualmente o como parte de una organización criminal, causen la muerte de una persona por encargo, promesa de pago o cualquier otro beneficio.
Hasta ahora, este tipo de crímenes eran sancionados bajo la figura de homicidio calificado, sin una tipificación específica que contemplara las dinámicas propias del sicariato, una modalidad delictiva asociada al narcotráfico y otras redes criminales.
Sanciones también para quienes promuevan o faciliten el delito
La ley también incorpora el nuevo artículo 280 bis, que castiga con 3 a 5 años de prisión a quienes ofrezcan, soliciten o promuevan públicamente servicios de sicariato, así como a quienes participen en la preparación, entrenamiento o facilitación logística para la comisión de estos delitos.
De esta manera, la normativa no solo penaliza al autor material del asesinato, sino que amplía la responsabilidad penal a quienes contribuyan directa o indirectamente a la ejecución de estos crímenes.
Debate político y votación legislativa
La aprobación del proyecto se dio tras un prolongado debate legislativo y la oposición de sectores políticos que manifestaron reservas sobre el endurecimiento de las penas. Legisladores de partidos como Liberación Nacional y Frente Amplio expresaron preocupaciones relacionadas con el enfoque punitivo de la reforma y sus posibles efectos en el sistema penitenciario.
No obstante, la mayoría parlamentaria respaldó la iniciativa, argumentando la necesidad de responder al aumento de la violencia asociada al crimen organizado y a la demanda ciudadana de mayor seguridad.
Costa Rica ha enfrentado en los últimos años un incremento en los homicidios vinculados a disputas entre organizaciones criminales, especialmente relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades han señalado el sicariato como uno de los principales factores detrás de esta tendencia.
Con esta reforma, el país busca enviar un mensaje disuasivo y fortalecer las herramientas legales del Estado para enfrentar este fenómeno, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana.
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