«¡Urgente! Sala IV a Punto de Decidir el Futuro de la Ley Jaguar»
La Sala Constitucional se prepara para tomar una decisión trascendental sobre la Ley Jaguar, tras las consultas presentadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría General de la República (CGR).
Según lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la Sala debe evacuar la consulta «dentro del mes siguiente a su recibo», lo que implica que el plazo comenzó a correr el 30 de agosto, cuando se acumuló la solicitud.
El ente constitucional ha indicado que tiene hasta el 30 de septiembre para emitir una resolución, aunque si llegara a requerir información adicional no suministrada, el plazo podría reiniciarse.
Ley Jaguar: Implicaciones de un fallo negativo
Si la Sala decide que la Ley Jaguar 2.0 es inconstitucional, los planes del Gobierno para someter este proyecto a referéndum quedarían truncados. En ese caso, la Casa Presidencial podría verse obligada a presentar una versión 3.0, aunque esta tendría escasas probabilidades de éxito debido a la falta de tiempo para completar los trámites necesarios.
Un reciente estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló que un posible referéndum sobre la Ley Jaguar no contaría con el apoyo necesario. Según la encuesta, un 49% de los ciudadanos está en desacuerdo o muy en desacuerdo con reducir los controles sobre las decisiones del presidente, mientras que solo el 38% apoya estas iniciativas.
El presidente Rodrigo Chaves, por su parte, defendió la propuesta, argumentando que la Ley Jaguar no elimina los controles al presidente, sino que más bien fortalece el papel de la CGR en la supervisión de las obras públicas.
Carrera contra el tiempo: Recolección de firmas
En caso de recibir el aval de la Sala Constitucional, el Gobierno tendría que reunir 180.000 firmas equivalentes al 5% del padrón electoral para que el TSE convoque a referéndum. Sin embargo, el TSE ya cuenta con un informe del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, que advierte sobre posibles vicios de inconstitucionalidad en el proyecto.
El proceso de referéndum está regulado por la Ley de Referéndum, y el TSE dispone de 10 días hábiles para revisar si la iniciativa cumple con los requisitos legales. Si se detectan posibles inconstitucionalidades, el asunto sería remitido nuevamente a la Sala Constitucional.
Una vez autorizada la recolección de firmas, los proponentes tendrían nueve meses prorrogables por uno para completar las 181.000 firmas necesarias. Posteriormente, el TSE tendría que convocar al referéndum con un mínimo de tres meses de antelación.
Opción legislativa
Otra posible vía para aprobar la Ley Jaguar es a través de la Asamblea Legislativa, donde se requiere el apoyo de 29 diputados. Aunque este procedimiento puede realizarse en cualquier momento, los legisladores han señalado que prefieren esperar el fallo de la Sala Constitucional antes de votar sobre la versión 2.0 de la ley.
El presidente Chaves ha instado a los legisladores a aprobar la medida, argumentando que retrasar el proceso solo afecta al país. “Tic-tac, tic-tac, el tiempo corre, y la deuda histórica de no permitirle al pueblo participar en decisiones clave sigue acumulándose”, expresó Chaves.
Costos del referéndum
El referéndum sobre la Ley Jaguar tendría un costo aproximado de 3.000 millones de colones, según estimaciones del TSE. Este proceso es considerado un paso clave para definir el futuro de la ley y su impacto en el sistema de control político en Costa Rica.
