Diputados Convocan a Rodrigo Chaves por Levantamiento de Inmunidad

La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha dado un paso trascendental en la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas desde el Poder Ejecutivo al aprobar la convocatoria del presidente Rodrigo Chaves.

Esta comisión tendrá como objetivo evaluar la procedencia de levantar la inmunidad presidencial y junto al ministro de Cultura Jorge Rodriguez para que ambos puedan ser investigados judicialmente por supuestas faltas relacionadas con el financiamiento y contratación de una polémica campaña de comunicación.

Acuerdo parlamentario con amplio respaldo

Con el respaldo de 42 diputados de diversas fracciones, el Plenario Legislativo autorizó la conformación de una comisión que tendrá facultades especiales para analizar los expedientes que se tramitan actualmente ante la Corte Suprema de Justicia.

Estos expedientes están relacionados con la contratación del “servicio de consultoría para el posicionamiento estratégico del Gobierno de la República”, el cual ha sido cuestionado por un posible uso indebido de fondos públicos.

El punto de partida de esta investigación parlamentaria surge a raíz de una solicitud del Ministerio Público y de la Sección de Probidad de la Corte, que plantearon dudas sobre la legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio de Cultura con empresas privadas que habrían desarrollado campañas a favor de la imagen del mandatario y su gestión, sin seguir los procedimientos establecidos por la Ley de Contratación Administrativa.

Reacciones políticas divididas

Mientras los partidos de oposición celebran la medida como un avance hacia la transparencia y el control democrático, el oficialismo ha calificado la acción como un intento de persecución política. La diputada oficialista Pilar Cisneros acusó a la comisión de tener una «agenda oculta para debilitar al presidente», mientras que legisladores del Frente Amplio, Liberación Nacional y Liberal Progresista han defendido la necesidad de esclarecer cualquier posible acto de corrupción sin importar el cargo que ostente la persona investigada.

Comisión contará con amplio acceso documental

La comisión legislativa contará con acceso a los expedientes judiciales, documentos del Ministerio de Cultura, contratos suscritos con empresas de publicidad y actas del Consejo de Gobierno.

También se contempla la posibilidad de convocar a testigos y peritos, así como de requerir asistencia de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.

Se espera que la comisión legislativa inicie sesiones la próxima semana, con un cronograma intensivo de comparecencias y revisiones documentales que se extenderá por al menos 60 días hábiles.

Al final de este período, la comisión deberá presentar un informe final al Plenario Legislativo, el cual decidirá en votación si autoriza o no a la Corte a continuar con el proceso penal.