¿Se congelan obras en Guanacaste? Giro legal de la Contraloría frenaría rutas y puentes
La infraestructura pública en Costa Rica vuelve a ser el epicentro de un intenso debate nacional con repercusiones inmediatas para las provincias periféricas. La reciente postura de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) tras una interpretación de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los contratos por suma alzada ha reabierto la discusión sobre quién debe asumir el riesgo financiero en las obras del Estado.
Mientras las empresas advierten sobre una paralización de proyectos por falta de rentabilidad, diversos analistas y contribuyentes señalan que el modelo actual promueve una «zona de confort» donde el erario público absorbe los imprevistos y sobrecostos.
En medio de este choque normativo y económico, la provincia de Guanacaste se perfila como una de las zonas más vulnerables. Con deudas históricas en infraestructura vial, redes de acueductos y centros educativos, la definición de esta controversia marcará el ritmo del desarrollo del Pacífico Norte costarricense.
Contraloría vs Cámara de la Construcción
El núcleo del conflicto radica en la figura contractual de la suma alzada, un esquema donde la empresa constructora se compromete a realizar una obra por un precio total fijado de antemano. Históricamente, la legislación costarricense ha permitido reajustes de precios ante variaciones extraordinarias en los costos de los insumos (como asfalto, acero, transporte o combustibles).
Sin embargo, la nueva interpretación de la Contraloría General de la República busca limitar o eliminar estos reajustes bajo la modalidad de suma alzada. La lógica del ente contralor apunta a proteger la hacienda pública, exigiendo que las ofertas presentadas por los oferentes sean definitivas y contemplen las contingencias del mercado.
La postura del sector privado: Alarma empresarial
Desde la acera del sector privado, la Cámara Costarricense de la Construcción argumenta que obligar a las empresas a asumir en solitario el 100% de la volatilidad económica mundial desincentivará la participación en licitaciones públicas. Según el gremio:
- Reducción de oferentes: Menos empresas concursarán por temor a perder patrimonio si los materiales suben drásticamente durante la ejecución.
- Sobrecostos preventivos: Las empresas inflarán los precios iniciales de sus ofertas para cubrirse ante eventuales alzas, encareciendo las contrataciones desde el día uno.
- Licitaciones desiertas: Proyectos clave podrían quedarse sin ofertas, postergando obras urgentes.
La perspectiva del contribuyente: Un modelo de riesgo desproporcionado
A pesar de las advertencias del sector privado, existe una corriente crítica sustentada por la experiencia del contribuyente costarricense. Durante décadas, el Estado ha adjudicado obras a un precio inicial que termina multiplicándose significativamente antes de la entrega final.
En el sector privado, un desarrollador o propietario individual firma un contrato por un precio y exige el cumplimiento del presupuesto, siendo excepcional que acepte cubrir incrementos derivados de mala planificación o cálculos deficientes por parte de la constructora. Por el contrario, en el sector público, los reajustes de precios y las adendas contractuales se convirtieron en la regla y no en la excepción.
Esta dinámica ha generado la percepción de que las empresas constructoras operan en un entorno sin riesgo real: si los insumos bajan, los márgenes aumentan; si suben, el Estado compensa la diferencia. Esta asimetría traslada el costo de los errores de estimación o de la ineficiencia privada al bolsillo de los ciudadanos a través de impuestos.
Impacto directo en Guanacaste: Una brecha de infraestructura en riesgo
Para la provincia de Guanacaste, esta discusión va más allá de un debate jurídico o técnico; representa la diferencia entre el progreso y el estancamiento. La región arrastra un rezago histórico en obras clave para su competitividad y calidad de vida.
| Aspecto Evaluado | Postura del Sector Construcción (CCC) | Criterio Fiscal y de Transparencia (CGR) | Impacto Directo en Guanacaste |
|---|---|---|---|
| Riesgo Financiero | 100% asumido por la empresa contratista ante aumentos impredecibles. | Evita sobrecostos al Estado y descalces en el presupuesto nacional. | Inseguridad jurídica para oferentes en licitaciones locales. |
| Participación en Ofertas | Aumento de licitaciones desiertas por falta de incentivo económico. | Exige mayor rigor técnico y cálculos precisos desde el inicio. | Obras rurales e hídricas con menor cantidad de empresas interesadas. |
| Costo Final de Obra Pública | Proyectos ajustados a presupuestos iniciales que podrían quedar inconclusos. | Protección del dinero de los contribuyentes ante cobros excesivos. | Riesgo de abandono en rutas clave (Ruta 160, Ruta 911) o acueductos AyA. |
| Eficiencia Operativa | Pérdida de flexibilidad técnica ante imprevistos en terreno. | Eliminación de la «zona de confort» y traslape irresponsable de costos. | Mayor lentitud en la entrega de proyectos de desarrollo cantonal. |
1. Carreteras y conectividad vial
Rutas vitales para el turismo y la producción agrícola, como tramos de la Ruta Nacional 160 (que conecta las playas de Nicoya y Santa Cruz) o la ampliación de tramos en la Ruta 21, dependen de licitaciones públicas fluidas. Si las licitaciones quedan desiertas o sufren entrampamientos legales, la competitividad de la provincia se verá seriamente afectada.
2. Gestión del agua y acueductos
El desarrollo inmobiliario y comercial de Guanacaste exige inversiones urgentes en el manejo del agua. Proyectos estratégicos a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) o el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) requieren seguridad jurídica para licitar obras de distribución y almacenamiento sin retrasos de años.
3. Escuelas y centros de salud
En las zonas rurales de la pampa guanacasteca, la construcción de escuelas y puestos de salud suele adjudicarse mediante contrataciones de menor escala. Si las pequeñas y medianas constructoras locales no pueden asumir las exigencias financieras de la suma alzada sin reajuste, estas obras comunitarias quedarán suspendidas.
En busca de un equilibrio justo
El dilema planteado entre la Cámara Costarricense de la Construcción y la Contraloría General de la República exige un punto medio técnico y justo. Por un lado, el Estado no puede continuar actuando como un asegurador de pérdidas ilimitadas para el sector privado; la eficiencia y la precisión en los presupuestos deben ser exigencias mínimas para los contratistas. Por otro lado, la normativa debe ofrecer mecanismos claros para evitar que las licitaciones queden desiertas y paralicen obras vitales.
El desarrollo de zonas estratégicas como Guanacaste no puede quedar atrapado en la burocracia ni en esquemas de contratación desequilibrados. Encontrar la fórmula que garantice el uso responsable de los fondos públicos sin ahogar la obra pública es el reto urgente que Costa Rica debe resolver.
